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Gobierno cubano vuelve a dar marcha atrás y anuncia la rebaja del precio de todos los procesos jurídicos y notariales

Luego de la primera implementación de la Tarea Ordenamiento en territorio cubano, se ha llevado a cabo un breve proceso de reevaluación y rebaja de la tarifa implantada en los productos y servicios del sector estatal, al que se ha sumado ahora el Ministerio de Justicia al rebajar algunas cotizaciones (con entrada en vigor el 1ro de enero) de servicios de los bufetes colectivos.

Oscar Manuel Silvera Martínez, el propio ministro, hizo anuncio de la legislación de la Resolución 46 de 2021 esta semana. Esta estipula que las modificaciones en algunas tarifas se hicieron necesarias por las inquietudes de la población y para asegurar la correcta ejecución de la reforma económica general.

La Resolución 511 de 2020, que establecía las primeras nuevas tarifas y multiplicaba el costo de algunas de estas prestaciones por 6, fue derogada por este nuevo decreto.

Los nuevos precios corresponden a servicios que más frecuentemente se contratan para procesos no penales.

En un ejemplo: una persona que busca la representación de un abogado para tramitar una declaratoria de herederos debe ahora pagar 380 CUP, cuando con la disposición de enero debía pagar 570.

El cliente que buscaba un abogado para la liquidación de la comunidad matrimonial de bienes (hasta 10 mil CUP de valor), debía pagar 2400 CUP. Ahora se dividió la tarifa en dos categorías: con bienes en valor hasta los 3000 CUP, se pagan 500 CUP, y de 3001 a 10 mil CUP, 1200.

No es la primera vez que el gobierno cubano tiene que dar marcha atrás a una medida del actual proceso de ordenamiento monetario

De igual forma, los procesos ordinarios relacionados con la propiedad de la vivienda redujeron su tarifa a 990 CUP, que antes costaba 1170.

Otras prestaciones, en cambio, no han modificado sus precios, los cuales han sido considerados exageradamente superiores al nivel adquisitivo de la mayoría de la población.

Por ejemplo, uno de los trámites que más contratos demanda, el divorcio por justa causa, estaba en 95 CUP y pasó a costar 570, lo que se mantuvo con la legislación del Ministerio de Justicia. También se mantuvo el coste de la inscripción de inmuebles en el registro de la propiedad, que pasó de 55 a 330 CUP.

De la misma manera, Marino Murillo, como representante de las autoridades que se encuentran inmersos en la conformación y modificación de las medidas, se ha retractado varias veces en televisión sobre las tarifas anunciadas como primera propuesta a raíz de las fuertes quejas de la población, entre las que sobresalen las denuncias a la incoherencia entre los precios que subieron y el salario de los trabajadores.


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