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17 casas almacén y 33 puntos de venta ilegal resultan desarticulados en Cienfuegos durante fuerte cruzada anti-corrupción

El recorrido del presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez por la provincia de Cienfuegos ha permitido comprobar el debilitado estado de la economía en esa provincia en plena tarea de ordenamiento, que ha traído consigo una serie de reformas entre las que se incluye la unificación monetaria.

Según las palabras del mandatario, el recorrido iniciado a mediados del mes pasado ha permitido » comprobar el escenario nacional», así como corroborar una varios criterios con vistas a elaborar propuestas para una serie de temas que se abordarán próximamente.

Al respecto, el primero ministro cubano Manuel Marrero Cruz realizó un llamado a reforzar el enfrentamiento a contra la oleada de ilegalidades y otros fenómenos a los que no se han logrado frenar con las multas gubernamentales.

De acuerdo a las palabras de Matrero, en Cienfuegos se llevaron a cabo operativos que concluyeron con acciones en contra de 929 coleros, 200 revendedores, 16 transportistas, 190 acaparadores, entre otros. A su vez, se desarticularon 17 casas almacén y 33 puntos de venta ilegal.

Marrero hizo énfasis en la necesidad de fortalecer la comunicación con el pueblo para lograr identificar los problemas desde que se produzca la insatisfacción por parte de la población.

«A veces, lamentablemente, se actúa por reacción», expresó.

En otras provincias como Sancti Spiritus también se ha estado librando una fuerte ofensiva en contra de las ilegalidades, durante las cuales se impusieron más de mil multas y se recaudaron 311 mil 620 pesos por violaciones de precios desde la entrada en vigor de la tarea de ordenamiento monetario.

Estas » acciones de control» se realizaron fundamentalmente en Mercados Agropecuarios Estatales, centros de Comercio y Gastronomía, y tiendas recaudadoras de divisas.

Como parte de las medidas dictaminadas para intentar poner un alto a los elevados índices de corrupción, se aprobó el mes pasado una nueva normativa que permite imponer multas de entre 5 000 y 15 000 pesos, por violaciones de tarifas y precios tanto en el sector estatal como en el privado.


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