Un vendedor de todo tipo de productos agrícolas llamado Jorge comercia desde el interior de su casa y con la puertas cerradas, desde una casita humilde a la mitad de un callejón sin salida y sin asfalto. Mucha gente pregunta por la malanga y él les introduce el guagüí, muy similar pero más pequeño, aunque no pica y resulta muy saludable para los más vulnerables de la familia. Le traen dos cajas al día de dicho alimento y se las quitan de las manos, aún cuando tiene la libra a 12 CUP.
Jorge, quien ejerce clandestinamente porque lo pueden multar, retirarle la licencia y confiscar toda la mercancía, fue carretillero hasta hace 2 semanas, cuando oyó que los precios del sector privado se tomarían una vez comenzada la implementación de la Tarea Ordenamiento. No iba a poder expender la malanga a 6 CUP la libra o el tomate maduro a 20.
Este emprendedor no trabaja la tierra, pero casi todos los alimentos que vende se los llevan a su domicilio luego de las 6 p.m. (debido a la poca visibilidad), además de tener un platanal en el patio.
Detrás de él en la cadena de comercio se encuentran 1 o 2 mediadores, a parte del propio productor y el transportista.
Jorge alega que gana 2 o 3 CUP por cada mazo de zanahorias o libra de boniato que vende, y asegura que él no viviría en una casa tan humilde si cobrara más que eso. En efecto, su vivienda cuenta con techo de tejas, pocos adornos, paredes descorchadas, sin televisión o cualquier otro electrodoméstico moderno, y allí solo se puede oler una fusión entre tufos de tierra húmeda, tomates podridos y hierba seca.
Todos los vecinos de la periférica barriada conocen perfectamente que Jorge vende oculto en su casa, pues es la principal opción para adquirir alimentos desde que los carretilleros desaparecieron del panorama. Incluso los funcionarios y altos cargos de la localidad le compran.
Desde que a principios del mes de enero las autoridades provinciales de Villa Clara comenzaran a aplicar fuertes inspecciones y regulación de precios sobre los cuentapropistas, muchos trabajadores del sector privado se han visto obligados a ejercer desde la clandestinidad, dentro de sus propias viviendas o en locales arrendados.
El medio Vanguardia ha reportado la aplicación de 2 551 multas hasta la fecha y más de 1 000 de ellas se han impuesto por motivo de violación a las tarifas estipuladas por el Gobierno. Como fruto de las multas, también se han retirado 40 licencias y se han llevado a cabo 67 ventas forzosas de productos.
Yaiselis Cabrera, quien vendía hortalizas y viandas gracias a la carretilla de su esposo, explica que gran parte del gremio cesó el comercio porque no les conviene invertir en la mercancía si luego tienen que dejarlos a precio de Estado, y se pierden días enteros de venta sin recuperar el dinero de productos que tampoco los campesinos pueden regalar porque, sin mano de obra ni fertilizantes, sacan adelante sus cosechas con el sudor de la frente.
La estrategia ha motivado una crisis evidenciada en vianderos vacíos en los hogares. Los vendedores, que antes se posicionaban en la carretera a Sagua o a Camajuaní, debieron resguardarse a vender únicamente a los vecinos o a conocidos recomendados, todo desde los hogares. Las páginas y grupos de compra-venta en redes sociales también son utilizados por otros carretilleros, quienes solo admiten clientes previamente investigados a los que hacen llegar entregas a domicilio.
Como consecuencia de la medida, los negocios que garantizaban unos pocos alimentos agrícolas frescos para la semana han ido mermando hasta casi desaparecer, y lo que queda es la oferta estatal, que se redice a unos cuantos plátanos verdes y boniatos.
La joven santaclareña reside en la misma cuadra que uno de esos puestos irónicamente llamados “boutiques”, cuyo dueño pide a las personas que se aglomeran frente a su domicilio pasadas las 5:00 pm que se dispersen y que escondan las jabas.
Confiesa que frutas como la guayaba puede venderlas a precios estándares, mientras que a otras, como la piña, tiene que subirles el precio porque él mismo las compra caras desde los intermediarios. Lo mismo pasa con las viandas y hortalizas, y él compra, como cualquier otra persona, productos a sobreprecio o en dólares para vivir, situación que también cargan sobre la espalda los productores.
Otros cuentapropistas ocultan u omiten directamente el cartel con los precios, y así cada policía o inspector que se acerca al puesto de venta no tiene certeza de en que, en efecto, vendía por encima del tope impuesto por el Gobierno.
Mientras tanto, son muchos los ancianos y trabajadores estatales con pocos ingresos que figuran en las colas interminables de los «agros» estatales, a la espera de que no se acaben los pocos productos disponibles de forma repentina.
