Los cubanos tienen un nuevo dolor de cabeza del que ocuparse, y es que ahora el Gobierno advirtió que serán multados todos los jefes de núcleos que mantengan en su libreta de abastecimiento a emigrados que estén en el exterior por más de 3 meses, personas cumpliendo privación de libertad o fallecidos.
Como consecuencia, las colas para dar de baja a familiares en las OFICODAs del país están más concurridas que las de las tiendas para comprar pollo.
El tema ha sido muy poco tratado por la prensa oficial. Además de los carteles escritos a mano colgados en las puertas de las bodegas y de una breve nota en el Noticiero Nacional de Televisión, la que incitaba a los responsables a dar de baja a los precisados, solo se dieron algunas visitas de funcionarios a las viviendas que también advertían sobre el asunto.
Esther María, una jubilada resiente en el municipio Marianao, La Habana, contó que unos compañeros fueron preguntando por su hija y su nieta. Ella le respondió que ellas están en España, pues su hija se encuentra estudiando allá, y que no han tenido oportunidad de regresar por la situación epidemiológica del virus de la COVID-19.
Los funcionarios le entregaron unas planillas para rellenar y le advirtieron que debía presentarse hasta 72 horas después en su Oficina de Registro de Consumidores (OFICODA) para darles de baja.
La Resolución 78/91 del Ministerio de Comercio Interior (MINCIN) es la que avala esta medida, la que estipula que se deben excluir de la lista de consumidores de la vivienda a aquellos convivientes que hayan fallecido, estén encarcelados, hospitalizados, recluidos en hogares de ancianos, designados en cargos o misiones oficiales o estén de viaje por más de 3 meses.
Si los ciudadanos emigran definitivamente o son desalojados de su vivienda por resolución o sentencia del Instituto Nacional de la Vivienda, también aplican a la medida.
La práctica de mantener en el listado de consumidores a todos los que han vivido en el hogar es muy común en la isla, pues ‘la cuota’, pese a ser insuficiente y no de la mejor calidad, es a menudo un anclaje imprescindible para que la familia llegue a fin de mes.
Esos productos racionados a duras penas alcanzan para la alimentación de una semana de una sola persona; no obstante, para la mayoría de los cubanos, quienes tienen bajos ingresos, resultan vitales, sobre todo en esta grave escasez de alimentos.
La disposición se viene a implantar justamente cuando hay demasiados problemas acaeciendo a la vez: entre la implementación de la Tarea Ordenamiento, que provoca que los bienes y servicios sean cada más inalcanzables por la unificación monetaria, la eliminación de subsidios y la drástica subida de precios (que en nada se compara con la pobre subida salarial y pensional), el crítico desabastecimiento de todo tipo de productos (alimentos, medicamentos, utensilios e higiene), la caída del turismo y la gravísima situación de la pandemia del coronavirus, hacen de esta una de las peores circunstancias económicas, sociales y sanitarias que se han vivido en el país.
Los ‘mandados’ de la libreta de racionamiento comenzaron en 2021 a valer 180 CUP por persona, luego de costar menos de 50 por muchas décadas. La Tarea Ordenamiento implicó un aumento de alrededor del 1.500% en el costo de las cuotas racionadas.
Esther María aseguró que sin las raciones correspondientes a su hija y su nieta, tendrá que «zapatear» La Habana para tratar de abastecerse con lo poco que hay.
La directora de ventas minoristas del MINCIN, Marpessa Portal de Villiers, explicó en enero de 2020 que la OFICODA y el Registro Civil colaboran para estar al tanto de las personas que deberían darse de baja de la lista de consumidores, pero que, al fin y al cabo, esa responsabilidad es del jefe de núcleo y no de las entidades estatales.
Resaltó que, por ende, «hay familias recibiendo un recurso que no les corresponde».
El Gobierno se encontraba evaluando, a finales de 2020, si en efecto se retiraba el derecho a la cuota de alimentos por la «libreta» a aquellos que permanecen en el extranjero por un largo tiempo, a decir de Betsy Díaz, ministra de Comercio Interior.
Es un secreto a voces el hecho de que los familiares o amigos que quedan en el país adquieren esas libras de arroz y de pollo que los emigrados ya no aprovechan durante su permanencia fuera de la isla, y el Gobierno tenía pendiente aplicar una medida al respecto desde hacía varios meses, que ahora se vuelve impostergable debido a la actual situación económica.
La «eliminación ordenada» de «la libreta» fue una propuesta de las autoridades desde el año 2011, reconociendo que tal servicio se presta para la reventa o el trueque y la atención indiscriminada de personas que no necesitan estos productos, amén de que es el salvavidas de muchos necesitados.
Mientras tanto, las aglomeraciones que se pueden observar en las instalaciones de la OFICODA en estos días superan cualquier expectativa de las autoridades. Las peores circunstancias de la pandemia del coronavirus en la isla no son, definitivamente, el panorama ideal para que se lancen a hacer estos trámites, en su mayoría, adultos vulnerables.
Sobre el asunto, muchos han sido los que se han pronunciado públicamente en contra de la necesidad de realizar el procedimiento con las cifras de contagios y fallecidos por COVID-19 asediando y creciendo cada día.
El periodista Michel Hernández comentó en Facebook sobre «la amalgama de cuerpos sobre otros cuerpos» en el tumulto de una cola en Nuevo Vedado, donde todo lo que se escuchaba hablar era referente a cifras, colas y desabastecimiento.
La cineasta Sheyla Pool también se manifestó sobre la polémica, cuestionando la «absurda demanda del Gobierno cubano», que además califica de «maltrato e irrespeto absoluto a los cubanos», la cual motiva inmensas colas en todas las oficinas del organismo, en el medio de una profunda crisis sanitaria.
Junto a una fotografía que termina de graficar la situación que provoca su descontento, sentencia que, desde su criterio, estos trámites deberían ser postergados hasta que la situación sanitaria en el país lo permita.
