Por el delito de propagación de epidemias, tras confirmadas violaciones del aislamiento domiciliario preventivo y del protocolo sanitario general establecido para frenar el avance del virus de la COVID-19 en Cuba (además de provocar brotes), los tribunales de Santiago de Cuba han sancionado a dos viajeros a 8 meses de privación de libertad y, a un tercero, a 10.
La fiscal jefa en el territorio santiaguero, Maritza Paredes Pera, detalló que el brote acaecido en el municipio La Maya se dio por culpa de dos personas llegadas del exterior, quienes fueron penalizados con 8 meses de prisión, aunque en uno de los dos casos, la sanción fue modificada a «limitación de libertad».
Dijo que un tercer recién llegado a la ciudad cabecera, estuvo en contacto con 29 personas cuando debía estar cumpliendo con el confinamiento preventivo. Este fue condenado a 10 meses de privación de libertad.
Además, hay 40 procesos abiertos a viajeros que también incumplieron con las medidas y su irresponsabilidad provocó grandes focos de contagio en la provincia.
De las denuncias, 117 corresponden al delito de propagación de epidemias, más de 11 al de atentado, 6 al de desacato y 5 al de desobediencia, para un total de 179 acusados. Han concluido 72 de esos procesos y en 54 de ellos se aplicaron multas de entre los 500 y los 2.000 CUP, y de los 11 juicios celebrados, solo 2 terminaron en penas de cárcel, por lo que en el resto fueron impuestas multas de entre los 750 y 10.000 CUP.
La funcionaria quiso añadir que, luego del día 13 de enero, se volvió a decretar la fase de «transmisión autóctona limitada» en Santiago de Cuba y, desde entonces, se han dado 14 nuevas denuncias.
La isla pasa por la peor etapa experimentada de la pandemia, con la llegada de esta tercera ola de contagios de la enfermedad. Gran parte de la responsabilidad la tiene la reapertura de los aeropuertos a vuelos comerciales internacionales desde el mes de octubre pasado.
El Gobierno cubano, desde que las cifras de casos diarios confirmados y de muertos comenzaron a elevarse en el mes de diciembre del 2020, se ha dedicado a responsabilizar por esto a los viajeros internacionales que llegaron a la isla y a sus incumplimientos del protocolo estipulado, pero no fue hasta enero de este año que se comenzó a exigir una prueba PCR negativa de COVID-19 para poder ingresar al territorio nacional.
Entre el descontrol, la infracción de medidas de seguridad, la falta de higiene y la demora en la entrega de resultados de los exámenes PCR, la provincia de Santiago de Cuba tuvo un alto índice de negligencias, tanto por parte del Estado cubano como de los viajeros internacionales que arribaron.
