Inmensas colas en Cuba para dar de baja de la libreta de abastecimiento a fallecidos y cubanos en el extranjero

Un nuevo comunicado ha causado actividad entre los cubanos, y es que se ha dado a conocer que todos los ciudadanos que mantengan en su libreta de abastecimiento a algún familiar emigrado, recibirán una multa. Esto ha provocado que multitud de cubanos se hayan apresurado a «dar de baja» a los susodichos en las Oficinas de Registro de Consumidores (Oficodas).

En todas las provincias se puede observar cómo se conforman los gentíos frente a las Oficodas desde primeras horas de la madrugada, debido a que en la calle se acrecienta el rumor de las presuntas exorbitantes multas a imponer sobre los núcleos que mantengan a un emigrado en el listado de consumidores de su hogar. Esta constituye una política muy practicada en el país, pues asegura más cantidad de alimentos básicos y, en aquel entonces, eran comprados a precios de subsidio.

La legislación vigente que regula este asunto desde hace tres décadas ha sido violada por miles (si no millones) de residentes en la isla, quienes no notificaron a su Oficoda cuando su parentela emigró y llevan años recibiendo sus raciones en la bodega.

La Resolución 78 del Ministerio de Comercio Interior fijó dicho deber. Esta recoge, desde 1991, que se deben dar de baja del listado de consumidores en un plazo de 10 a 60 días a las personas recluidas en centros penitenciarios u hogares de ancianos, hospitalizadas de forma permanente o residentes en el extranjero por más de tres meses. Las advertencias sobre realizar este trámite de forma «inmediata y definitiva» se vienen dando desde finales del 2020.

No obstante, los mismos dirigentes han admitido que esta ley se viola con mucha frecuencia desde que fue impuesta. De acuerdo con los datos de la Dirección de Identificación, Inmigración y Extranjería, ya no residen en el país 15.000 de los 437.000 consumidores registrados en la provincia de Ciego de Ávila.

Un cubano residente en Florida, quien se repatrió a la ínsula recientemente, declara que la bodeguera que atiende a su madre en Cienfuegos la regaña por comprar el café que le corresponde a él, cuando todos sus vecinos conocen perfectamente que él no vive en Cuba y que ha pasado, según la ley, más de 90 días fuera del territorio nacional. A ella le fue advertido que el producto del mes siguiente se lo descontarían.

Pese a que la prensa oficial no ha confirmado las nuevas medidas contra esta práctica, algunas webs sí han desmentido las supuestas amenazas sobre multas de hasta 5.000 CUP, calificándolas de «falsos rumores». Sin embargo, no han desaconsejado el ímpetu de los cubanos por asistir a las Oficodas a comenzar a tramitar el asunto.

En el gobierno provincial cienfueguero, una funcionaria afirma haber recibido orientaciones explícitas de examinar y comparar las listas de consumidores de la OFICODA con Inmigración, para que «automáticamente» sean eliminados los residentes permanentes en el exterior.

Explica que en la reunión donde se indicaron dichas órdenes se discutió, incluso, si aplicar la ley y sancionar a los incumplidores, pero quedó solo como propuesta.

Una jubilada, en cambio, cuenta que el bodeguero de su cuadra se lo dijo, mientras esperaba en la cola para eliminar de la cartilla a su sobrino, residente en Chile desde cinco años atrás.

Su sobrino, continúa platicando, se esforzó mucho en su trabajo como enfermero en Cuba y se fue «con una maleta nada más», dejándole  su cuota. «Era lo menos que le tocaba por todo el esfuerzo que tuvo que hacer aquí», asegura.

En el capitalino Nuevo Vedado, en una fila para otra OFICODA, salen historias de vida similares por donde se transite: familiar emigrado, bodegueros haciendo la «vista gorda», parientes que se atribuyeron la cuota adicional y la repentina carrerilla para evitar penalizaciones de estos días.

Un funcionario del Ministerio de Comercio Interior admite que «esto es un abultado negocio», si se consideran los miles de personas que llevan viviendo en el extranjero por varios años y que continúan «comprando» los productos de la bodega, así como los beneficiarios de estas artimañas, que pueden ser tanto los familiares para consumo personal como los bodegueros por la reventa.

El funcionario detalla que, ahora que la población se apresura a eliminar a los emigrados, se reducirá la cantidad de productos que se deben abastecer obligatoriamente en cada uno de estos establecimientos estatales.

En su opinión, los factores que influyen en el «corretaje» que está experimentando un gran porciento de la población cubana constituyen tanto el rumor de las cuantiosas sanciones como el incremento de los precios de muchos de estos productos subsidiados.

Sin embargo, alimentos como el arroz continúan prácticamente vendido en el mercado racionado, lo que se transfiere a la oportunidad atractiva de adquirir una cuota extra de un consumidor fantasma.

Edelmira, jubilada de la barriada habanera de Cayo Hueso, también comenta que, como las remesas que le pueden enviar sus hijas, residentes en Miami, son escasas, la verdadera ayuda consiste en la posibilidad de comprar ese arroz o azúcar que puede consumir o revender.