Las autoridades cubanas detallaron que los trabajadores por cuenta propia que hayan estado inactivos durante seis meses o más, en consecuencia de todas las restricciones que ha traído la pandemia del COVID-19, no tienen que presentar o pagar la Declaración Jurada.
En el programa Mesa Redonda, explicó lo anterior Mary Blanca Ortega Barredo, jefa de la Oficina Nacional de Administración Tributaria (ONAT).
Se trata, como mismo detalló, de una medida compensatoria considerando la nulidad de ingresos debido al cese del turismo en la isla a causa del coronavirus.
También esclareció que otros sectores que se vieron afectados durante el 2020, como el artístico, sí deben hacer su Declaración Jurada; no obstante, no tendrán que abonar el debido pago o, al menos, no el porciento total en caso de que no hayan recibido ingresos o fueran estos significativamente menores que años anteriores.
El 28 de enero que se avecina comienza el trámite, al cual no se aplicarán las medidas de la Tarea Ordenamiento por ser los ingresos correspondientes al pasado año fiscal.
Entre la reforma monetaria y la pandemia, el incipiente sector privado ya no sabe qué hacer para salir adelante.
Esta semana se dictaminó la instauración de una «brigada de enfrentamiento a los cuentapropistas» y la aplicación de grandes sumas de dinero en forma de multas a aquellos en el sector privado que sobrepasen los topes de precios impuestos por los Gobiernos territoriales.
Para ser más específicos, Radio Ciudad de La Habana trascendió el 14 de enero que son impuestas sanciones entre 1000 y 2000 CUP a «ciudadanos que cometen ilegalidades relacionadas con la puesta en marcha del ordenamiento monetario por los grupos para la fiscalización y control del Gobierno de La Habana».
El asesor de fiscalización y control del Gobierno de La Habana, Lester Hernández, aclaró que la medida constituye la solución que le dan las autoridades regionales a denuncias de la población, hechas hacia los contactos telefónicos de organismos de la administración como son el Gobierno provincial, la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) y las oficinas del Partido Comunista de Cuba.
La brigada llegó a inspeccionar el barrio de Río Verde, en el capitalino municipio de Boyeros, el pasado miércoles, donde impusieron una multa de 1000 CUP a un cuentapropista por vender el tomate la libra de tomate a 10 CUP, considerando que la Resolución 19 de 2020 establece precios máximos minoristas a 44 productos agrícolas, entre ellos dicho alimento.
