Ante las numerosas críticas que han recibido los nuevos precios atribuidos a los servicios del Sistema de Atención a la Familia (SAF), Marino Murillo Jorge se defendió con la justificación de que las respectivas familias de los ancianos deberían hacerse cargo en parte de la atención a dichos miembros de la sociedad, puesto que “no todo puede ser responsabilidad del Estado cubano».
El envejecimiento poblacional, fenómeno que ha venido caracterizando a la realidad cubana desde hace unos años, ante la baja natalidad y la emigración de los jóvenes buscando mejores ofertas de trabajo, hace que este segmento de la población conste, además, con más de un 21% con personas con más de 60 años.
El jefe de la Comisión de Implementación y Desarrollo de los Lineamientos habló en el programa Mesa Redonda, este lunes, al respecto de los precios de los menús ofertados en los locales del SAF de los que se ha quejado la población, que pueden ser calificados de inconsecuentes e incluso ridículos.
A pesar del incremento de las pensiones, la Tarea Ordenamiento ha conllevado que muchos mayores cubanos se encuentren desprotegidos, asunto muy controversial por estos días.
Contrarrestando la opinión pública, Murillo reiteró que “nadie quedará desamparado» y que, en caso de que se necesite asistencia social, serán analizados los núcleos familiares para diagnosticar la necesidad de la misma.
La estadística, según el propio «zar de las reformas», demuestra que se incluye en casi todos los núcleos familiares cubanos, al menos, una persona mayor, por lo que el Gobierno considera apropiado que los mismos parientes se ocupen de asumir parte de los gastos de los miembros de la tercera edad, aquellos que no puedan cubrirse con el apoyo estatal.
Una Casa de Abuelos puede alcanzar el 50% de la pensión mínima recién establecida, por lo que Murillo aseguró que serían atendidos por asistencia social los casos que se vean extremadamente perjudicados por la incompatibilidad de precios y pensiones.
Las quejas han sido abrumadoras y variadas, a lo que Murillo respondió indicando que, en la medida de lo posible, «lo que hay que arreglar se arregla».
Por su parte, Marta Elena Feitó, ministra de Trabajo y Seguridad Social, reconoció que han sido varios los ciudadanos asiduos de los comedores del SAF que han cesado de asistir ante los nuevos costes, oscilantes entre los 8 y 13 CUP cuando el precio hace unas semanas era de 1 CUP, a lo que añadió que una comisión del MINCIN está evaluando la problemática.
La indignación general ha supuesto la creación de una campaña en redes sociales con el objetivo de exigir al Gobierno que baje el precio del menú diario; todo bajo el eslogan propagandístico de «No tienen Facebook. Exige por ellos».
Ya es palpable la tan temida repercusión negativa que tendría y ya tiene la Tarea Ordenamiento para la población, evidenciada en la declaración del mismo Murillo el pasado diciembre, en la que argumentaba que «no podemos pensar en tener una sociedad exactamente igualitaria», contradictoria a todo lo que la Revolución ha planteado desde su instauración.
