La conocida «Tarea Ordenamiento» a implantarse a partir del próximo 1ro de enero de 2021, que incluirá al proceso de unificación monetaria y cambiaria, constituirá otra hazaña a superar por el sector privado de la economía cubana. Un gran porcentaje de los negocios particulares se verán forzados a afrontar la nueva problemática o meditar sobre el cierre perentorio gracias al incremento de entre tres y cinco veces de las tarifas de los servicios de los que no pueden prescindir (electricidad, gas y agua potable).
Renata Guzmán Oliva, dueña de una cafetería en Nuevo Vedado, declaró que son dos las razones evidentes por las que los emprendedores no podrán evadir la subida de sus precios: la tendencia ascendente que sufrirán los valores de las materias primas y el incremento ya fijado de los costes de los servicios básicos. Puso entonces como ejemplo un pan con tortilla, el que en las cafeterías privadas no subía de 5 CUP, próximamente valdrá unos 20 o 25 CUP (4 o 5 veces su precio de hoy), porque no solo el huevo, el pan, y el aceite se verán más caros, sino también el gas utilizado para la elaboración. Hasta ahora no se incluía este último elemento en el precio del sándwich porque su coste era tan bajo que resultaba insignificante anexarlo. A partir de enero va a ser tan significativo como los ingredientes de la propia elaboración.
Rolando Acuña Prieto, cónyuge de Renata Guzmán y dueño de una ponchera, decidió cerrar su emprendimiento pues demanda altísimos gravámenes en electricidad y agua. Según él, antes los clientes eran básicamente subsidiados por los dueños al no tener que pagar por el producto junto a esos gastos de servicios básicos. Continuó razonando que esta reforma económica general venidera, como todas las que ha implantado el Estado, no promete verdaderas posibilidades de desarrollo para el pueblo trabajador, y, en cambio, provocará que los particulares queden como los «villanos» cuando se vean obligados a subir los precios si quieren mantener su negocio a flote; esto no puede ser más alejado de la realidad, pues los cuentapropistas son parte activa del pueblo cubano y experimentan la misma realidad que todos: no son los enemigos.
Los precios para el sector privado se verán forzados a subir, por supuesto, pero también estarán topados por el Gobierno, que velará por que no sean abusivos. Sin embargo, la paradoja llega cuando deben subir los precios para generar algún beneficio (haciendo frente a las trabas), pero si desean mantenerse activos, no podrán subirlos casi porque no podrán enfrentar a la competencia y perderán clientela (a pesar de que la política del sector privado cubano nunca ha sido la de bajar los costes para atraer mayor número de clientes, sino una basada en la actitud pueril de «si él los sube, yo también»).
Está establecido que los negocios particulares no podrán subir más de 3 veces el equivalente de sus precios actuales porque, al parecer, la carga tributaria les bajará.
Disímiles trabajadores del sector particular capitalino afirmaron que la Oficina Nacional de la Administración Tributaria (ONAT) no estaba aceptando las cancelaciones de licencias operativas por decisión personal del cuentapropista, aunque no se han podido confirmar dichas declaraciones con funcionarios de la entidad.
Gloria Martínez Domenech, gestora de una pizzería en Centro Habana, calculó que con el incremento de los costes y las trabas administrativas acumuladas, pronto no valdrá la pena intentar sostener ni siquiera un negocio pequeño, pero aseguró que en las entidades pertinentes se está haciendo lo posible por convencer a los particulares de no entregar sus licencias.
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