La pandemia del COVID-19 afectó a todas las esferas y personas, nadie se vio exento. Sobre todo en un país donde el principal motor económico es el turismo, del que se derivan muchísimos otros sectores, los trabajadores cubanos y, sobre todo, los cuentapropistas, se ve en una encrucijada: declaran los escasos ingresos o perecen en el intento de una mejor vida.
Sin embargo, el gobierno cubano anunció que aquellos trabajadores cubanos por cuenta propia que hayan cesado su actividad laboral por 6 meses o más serán exonerados de la declaración jurada de su negocio o actividad correspondiente al próximo año fiscal.
El Presupuesto del Estado de 2021 contempla la excepción, información de la que dio parte Meisi Bolaños, ministra de Finanzas y Precios en comparecencia con la Comisión de Asuntos Económicos, Constitucionales y Jurídicos de la Asamblea Nacional de Cuba.
Todos aquellos emprendedores y propietarios de restaurantes, locales, bares, etc., quienes se hayan visto afectados por la situación epidemiológica por un período igual o superior a 6 meses, no se verán obligados a presentar la declaración jurada de impuestos de 2021.
En conjunto con dicha medida, el Presupuesto destaca por ser el primero que tendrá en cuenta las nuevas reformas económicas. Por ende, el documento sostendrá los costos de la reforma salarial y pensionaria, que fue anunciada a través del NNTV como parte de la Tarea Ordenamiento.
Contempla, entonces, la derogación de gratuidades y subsidios, sin eliminar aquellos que apoyen las políticas sociales, en especial para los sectores que quedarán más débiles una vez unificada la moneda, como afirmó la periodista Thalía González.
Por otra parte, el documento trabaja a partir de un redimensionamiento de las bases para la instauración de impuestos, por lo que se prevén medidas como la reducción e incluso la eliminación de impuestos indirectos hacia ventas mayoristas, así como la disminución de la carga tributaria a cuentapropistas, para que los precios finales no se eleven en demasía, aunque se admite que se prevé un aumento general de los precios, estatal y privadamente.
Se creará, además, una reserva de 716 millones de pesos para hacer frente a los gastos de políticas sociales y ayudas directas a quienes lo necesiten más a causa del proceso de unificación monetaria, la cual se iría librando a partir de las necesidades notificadas en los presupuestos municipales, como señala la ministra.
Además, se informó que el documento da poder a los gobiernos municipales a apropiarse de un porcentaje de la recaudación al final del 2021, para financiar los gobiernos territoriales.
