Un grupo bipartidista de senadores presentó un proyecto de ley que autorizaría una indemnización adicional para las víctimas del llamado Síndrome de La Habana, una misteriosa aflicción que ha golpeado a diplomáticos y espías estadounidenses en Cuba, China y otros países.
La legislación, presentada por 10 senadores, entre ellos la senadora Susan Collins (republicana por Maine) y Jeanne Shaheen (DN.H.), “otorgaría al Director de la CIA y al Secretario de Estado autoridad adicional para compensar a su personal que sufra lesiones cerebrales en relación con la guerra o un acto hostil», según un comunicado de prensa.
La medida está destinada a ayudar a decenas de diplomáticos y espías estadounidenses que han informado síntomas neurológicos misteriosos después de pasar un tiempo en Cuba, China y otros países a partir de 2016.
«Los servidores públicos que trabajan en nuestras embajadas y consulados en el extranjero hacen muchos sacrificios personales para representar los intereses de Estados Unidos en el exterior y merecen nuestro firme apoyo», dijo Collins.
El proyecto de ley, según el grupo de senadores, abordaría un vacío en la Ley de Compensación de Empleados Federales, que actualmente brinda compensación a los empleados federales que sufren «la pérdida o pérdida del uso de una parte del cuerpo» pero excluye partes como el cerebro y el corazón.
Estados Unidos ha estado investigando la causa del síndrome de La Habana desde que varios de sus diplomáticos y sus familiares comenzaron a informar casos de vómitos, dolores de cabeza y pérdida del equilibrio durante el tiempo que estuvieron trabajando en la capital cubana.
El sábado pasado, un informe publicado por las Academias Nacionales de Ciencias, Ingeniería y Medicina concluyó que los síntomas experimentados por muchos de estos funcionarios gubernamentales son consistentes con los efectos de la energía de microondas dirigida.
Si bien el estudio no menciona exactamente qué o quién podría estar detrás de los ataques, el informe dio peso a las afirmaciones hechas por los más de 40 empleados del Departamento de Estado y del gobierno que dicen que se han visto afectados.
