El Gobierno cubano podría comenzar a cerrar la mayoría de las cafeterías y restaurantes privados que gestiona en todo el país para convertirlos en cooperativos o dejarlos en manos privadas en los próximos meses, reconociendo que estos son poco rentables pues la gran parte de sus ofertas son subsidiadas por el Estado, según informó esta mañana la agencia de noticias Reuters.
Cuba enfrenta una especia de banca rota silenciosa, la cual ha acrecentado por las fuertes sanciones contra la economía del país impuestas por la administración del presidente Donald Trump, además de los estragos causados por la pandemia y los recientes fenómenos meteorológicos. Si a esto sumamos la propia ineficiencia estatal para enfrentar la deuda externa y un déficit presupuestario que cada vez es más notable, tenemos la formula perfecta para una recesión.
Aunque el Gobierno cubano ha tratado de impulsar en los últimos años una serie de reformas orientadas a privatizar en parte sus mercados, sobre todo luego de la llegada de Raúl Castro al poder, la realidad es que en su mayoría han terminado por ser poco efectivas y terminan chocando con intereses burocráticos y conservadores.
El propio presidente Miguel Díaz-Canel dejó entrever hace unos días que se eliminarían todos los subsidios para los restaurantes estatales como parte de la reforma monetaria que se espera que entre en efecto desde el próximo 1ro de diciembre o del primer día de enero del 2020.
Entre los principales afectados en el país parecen estar los trabajadores de lo que se conoce como «sector de la gastronomía», sobre todo aquellos que prestan servicios en unidades cuyas ofertas son en moneda nacional (CUP).
Las autoridades también pretenden con su cierre, librarse de la mala reputación de mal servicio que siempre ha caracterizado este tipo de negocios y los robos notables por parte de su administradores.
«El plan que ahora se está poniendo en práctica exige que una pequeña minoría de los más de 7.000 restaurantes administrados por el gobierno formen nuevas empresas estatales no subsidiadas separadas de los políticos locales y que el resto pase a manos privadas», comentó a Reuters una fuente del Ministerio de Comercio Interior, que pidió no ser identificado.
Solamente en La Habana, existen más de 1500 restaurantes y cafeterías de propiedad estatal, aunque las autoridades dejarán en cada provincia un puñado de estos establecimiento bajo su control, mientras otra parte será arrendados a empleados y otros interesados.
