En la oriental provincia cubana de Santiago de Cuba, desde que comenzó la pandemia de coronavirus COVID-19, han sido procesados más de 1000 personas por delitos de acaparamiento, propagación de epidemias, desobediencia, entre otros.
«Hasta la fecha, se han radicado 888 procesos penales contra coleros, revendedores y otras indisciplinas que violan las regulaciones sanitarias establecidas para frenar el Covid 19», señala una nota publicada al respecto en el periódico Sierra Maestra.
«No usar el nasobuco en concentraciones de personas, transportes públicos y privados, además de incurrir en actos de desobediencia y atentados contra agentes que en ejercicio de sus funciones», añade la información del periódico oficial.
En el reporte se mencionada además que, las tipicidades delictivas actividad económica ilícita, especulación, acaparamiento y receptación, se cometieron mediante el acopio de alimentos, productos de primera necesidad, entre otros.
Al respecto, se dictaron sanciones administrativas y multas, las cuales oscilaron entre los 300 y 5.000 pesos cubanos.
Según refiere el medio, en la calle Enramadas se concentró el mayor número de coleros y revendedores de turnos, ya que allí se encuentran ubicados la mayor parte de los establecimientos. En todos los casos se procedió al decomiso de los bienes ocupados y señalamientos de advertencias a aquellos que cometieron delitos de menor cuantía.
La Fiscalía de la provincia dijo que los acusados fueron remitidos a los tribunales y se les impuso penas de privación de libertad, las cuales en su mayoría fueron conmutadas por trabajo correccional sin internamiento, en tareas vinculadas a la producción de alimentos.
No obstante, ni la Fiscalía ni el periódico oficial mencionaron que las multas impuestas resultan excesivas y que justamente se aplicaron en el territorio con el peor salario promedio de todo el país y que entre el 70% y 80% de los sancionados no posee la capacidad para pagar la multa y tardará más de un año en poder pagarla.
