El Gobierno cubano emitió hoy su informe sobre los supuestos daños económicos provocados por el embargo de Estados Unidos sobre la Isla, asegurando que durante el período de abril de 2019 y marzo de 2020 las arcas del Estado registraron una pérdidas en el orden de los 5570 millones de dólares, una cifra récord contra los 4.343 millones de dólares del ciclo correspondiente a 2018.
La información la ofreció el ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, quien lo calificó de «acto criminal y de genocidio», advirtiendo que «gane quien gane» las próximas elecciones presidenciales estadounidenses debe «revertir» su imposición de sanciones sobre la mayor de las Antillas.
«Para una economía pequeña como la cubana se trata de una carga verdaderamente abrumadora», lamentó el jefe de la diplomacia en la Isla en una conferencia de prensa ofrecida esta mañana en La Habana.
El embargo sobre Cuba fue impuesto en la década de los sesenta del pasado siglo, aunque algunas de sus sanciones fueron relajadas durante la administración del expresidente Barack Obama, y nuevamente endurecidas tras la llegada al poder de Donald Trump.
Según afirmó Rodríguez Parrilla, las medidas del embargo se han arreciado luego del comienzo de la pandemia, sobre todo en cuestiones claves como el suministro de combustible y las comunicaciones, lo que consideró como algo «verdaderamente inédito».
También aseguró, a pesar de haber sido negado en varias ocasiones por el Gobierno estadounidense, que durante la actual emergencia sanitaria las restricciones del embargo han impedido «el acceso a equipos y suministro médicos» que puedan haberse elaborado con un 10 por ciento de insumos estadounidenses, como por ejemplo kits de diagnóstico, gafas protectoras, guantes, trajes, mascarillas, reactivos y hasta ventiladores pulmonares mecánicos.
El reporte fue dado a conocer el jueves por el canciller Bruno Rodríguez durante una conferencia de prensa virtual y será la base de una discusión ante la Asamblea General de la ONU en mayo de 2021.
Trump aseguró que sus sanciones buscan «asfixiar económicamente al Gobierno cubano para presionar cambios en Cuba como el pluripartidismo y la libre asociación y que su preocupación es el bienestar del pueblo cubano».
