Varios operativos policiales realizados en la provincia Villa Clara terminaron con el decomiso de numerosos productos de primera necesidad, agropecuarios e industriales, los cuales se encontraban almacenados en casas de los municipios Coralillo, Sagua la Grande y Quemado de Güines, informó la Televisión Cubana.
En una de las viviendas de Sagua la Grande fueron encontradas más de 6200 libras de frutas y viandas, las cuales se adquirieron a diferentes productores, según confesó la persona que se encuentra acusada.
En este mismo municipio se decomisaron además 80 paquetes de café Hola, 147 paquetes de refresco Piñata, 100 cajas de puré de tomare, 110 de gelatina, 71 botellas de vinagre, así como varias libras de carne de ganado mayor, queso y embutidos.
Por su parte, en Corralillo y Quemado de Guiñes se incautaron productos adquiridos en la red de tiendas minoristas con el fin de ser revendidos posteriormente en dos negocios privados con licencia de cuentapropistas.
El reporte no detalla la cantidad de productos en este último caso, pero sí que una cafetería vendía productos sin justificar y que las autoridades lograron detener al supuesto abastecedor.
“En cada uno de los casos se procedió a la detención de los sospechosos y ahora se lleva a cabo una investigación para determinar posibles cadenas delictivas”, comentó un oficial del DTI en Villa Clara.
«Incluso se llegó a la comercialización de productos que habían vencido su fecha de caducidad», precisó una oficial del Ministerio del Interior.
En medio de la actual crisis sanitaria que se vive en la Isla por el brote de coronaviris, la escasez de productos alimenticios y artículos de primera necesidad de se han recrudecido. La población ha tenido que lidiar durante los últimos meses con numerosas colas para intentar cubrir sus necesidades.
Como “solución” no solo se ha echado mano al racionamiento, sino que se ha librado una cruzada contra coleros, revendedores y acaparadores, a quienes se les acusa de ser los culpables de la situación que se vive en las tiendas del país.
Amparados en el Código Penal, en su artículo 230, las autoridades cubanas pueden multar, condenar a prisión o ambas a aquellas personas que incurran en ese delito.
