El Gobierno cubano podría imponer sanciones, incluso acusar penalmente por el delito de propagación de epidemias, a los médicos y otros trabajadores de la salud que hayan cometido «errores e indisciplinas» en el control de la pandemia coronavirus en el país.
Así lo dejó claro el presidente del Consejo de Defensa Provincial de La Habana, Luis Antonio Torres Iríbar, luego de dar a conocer el caso de una doctora en la capital que podría ser presentada en los próximos días ante los tribunales por haber enviado a su casa a un paciente sospechoso de COVID-19 que aún no había recibido los resultados negativos de su prueba PCR y que tenía con él una cadena de 41 contactos.
El hombre dio finalmente positivo y ahora las autoridades están evaluando la posibilidad de acusar por la vía penal por el delito de propagación de epidemias a esta doctora, que trabaja como especialista en el hospital pediátrico Leonor Pérez, del municipio Boyeros, en La Habana.
Torres Iríbar advirtió en conferencia de prensa que el Gobierno había dado luz verde para aplicar fuertes medidas disciplinarias contra instituciones y personal médico por errores como encuestas epidemiologicas incompletas, demoras en actualización de base de datos, insuficiencias en la pesquisa, entre otras.
El hospital donde más deficiencias existen en la capital cubana es el Enrique Cabrera, ubicado en el municipio Boyeros y conocido popularmente como El Nacional, donde se aplicarán «medidas más drásticas».
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La provincia posee la más alta tasa de incidencia de contagios por cada cien mil habitantes en la última quincena, 23.18, así como el mayor número de pacientes hospitalizados.
Además, siete de sus 15 municipios tienen abiertos al menos un brote de la enfermedad. Ellos son: Arroyo Naranjo (4), Plaza de la Revolución y Diez de Octubre con dos cada uno, y Boyeros, La Lisa, Diez de Octubre, La Habana del Este y Regla con uno cada uno.


