Un nuevo operativo policial en Cuba ha salido a la luz en las últimas horas. En esta ocasión, se trata del realizado en una cafetería en La Habana, específicamente en el municipio 10 de Octubre, en la que se desmanteló una casa almacén en la que se comercializaban de manera ilegal una serie de alimentos y otros productos.
Como viene siendo habitual en la Isla desde hace algunos meses con este tipo de operativos, los detalles del caso fueron televisados.
El hogar fue abordado sin una investigación previa y, aunque la propietaria del inmueble poseía una licencia de trabajadora por cuenta propia como dueña de una cafetería, lo cual en teoría debería servir con justificación para tener guardados los alimentos, justo por esto fue que la acusaron.
De acuerdo al reporte policial, la dueña de la casa aprovechaba la cobertura de ser cuentapropista para revender los insumos y brindar el servicio de recargar teléfonos móviles.
Según se ha podido conocer, durante el registro a esta casa almacén se ocuparon grandes cantidades de jugos, café, puré de tomar, aceite, latas de cerveza entre otros.
Los citados productos pudieran ser encontrados en una tienda o vivienda de cualquier otro país, donde también es posible recargar mediante aplicaciones móviles. No obstante, las autoridades cubanas tachan de acaparamiento lo que para muchos que viven en otros países solo sería una especie de despensa.
«Una ciudadana, a través de una licencia de cuentapropista, tenía en su domicilio una casa almacén con una cierta cantidad de productos, que no estaban justificados. Procedimos a hacer un registro domiciliario donde se le encontró un gran volumen de productos comercializados en su cafetería y de forma ilícita», dijo la teniente Mercedes Leyanes Restrejo de la unidad de enfrentamiento territorial del municipio 10 de Octubre.
La policía encontró también un tanque de 55 galones con combustible diesel, «por lo que se presume una posible venta ilegal», agregó.
De igual manera, en la vivienda fueron ocupados un gran número de productos de aseo, los cuales son altamente demandados en estos momentos en la red de tiendas de la Isla. A su vez, también se encontraron fuerte sumas de dinero procedentes de las actividades ilegales que se realizaban en el domicilio.
«Lo que esconden en casa de mi mamá, yo vivo ahí, guardo cosa ahí, pero yo no sé. Ella vive en su casa, yo no sé», dijo la implicada que no fue identificada ante la acusación del periodista de «la falta de escrúpulo… por implicar a personas desvalidas o de avanzada edad».
La sospechosa puede enfrentar a una condena de cárcel de «tres a nueve meses o multa de cien a doscientas setenta cuotas o ambas», recoge el artículo 271 del Código Penal Vigente en Cuba.
Esa sanción puede subir hasta dos años de prisión si tenía contratada otras personas. El referido artículo apunta que incurre en actividades económicas ilícita «el que, sin la licencia correspondiente o no obstante existir una prohibición legal o reglamentaria expresa, se dedique, con ánimo de lucro, a producir, transformar o vende mercancías, o a prestar algún servicio».
