El Gobierno de España amonestará y exigirá una disculpa pública a las personas que atienden las redes sociales de la Embajada de España en La Habana, luego que respondieran varios mensajes en Twitter en tono despectivo y con total falta de ética a los cubanos que tenían dudas sobre visados o tramites consulares.
Según explicó Juan Fernández Trigo, embajador español en Cuba, se hará una amonestación publica al responsable de los tuits que fueron publicados como respuestas a internautas en la cuenta oficial del consulado en La Habana.
El pronunciamiento de las autoridades españolas llega horas después de que se hiciesen viral en las redes sociales los mensajes con los que daban respuestas a las dudas de las persona interesadas en realizar trámites administrativos.
«Buenas tardes. Cuando se reactive el servicio, ¿Sería posible solicitar una cita para visado de turismo y otra por reagrupación familiar a nombre de la misma persona? ¿O se anularían ambas al hacerlo de este modo? Gracias. Un saludo», preguntó un usuario educadamente este martes.
La actitud del interesado no fue correspondida, sino que recibió un: «No se puede tener todo en esta vida», un comentario que la administración ya ha eliminado de la red social, y que no es el único «poco protocolario» que se ha emitido desde esta cuenta.
«¡Buenas tardes! ¿Y ya es posible pedir cita por email para solicitud de visa de estudios? Gracias», inquiere otro joven. «Pues claro que NO. Lea por favor», conmina la cuenta del consulado. El responsable de la cuenta tampoco tuvo reparos en criticar al Ministerio de Relaciones Exteriores Cubano: «Si no funciona el Minrex para cumplir lo requerido, ¿por qué exigen tanto que funcionemos nosotros?».
«Esos tuits se borraron cuando se detectaron. Hoy el embajador va a amonestar al autor y va a emitir una disculpa a través de Twitter por el contenido de los mensajes», han explicado fuentes del Ministerio de Exteriores de España a nuestra redacción.
Según el Estatuto Básico del Empleado Público en España, el funcionario puede haber incurrido en una falta que podría ser considerada muy grave si se tiene en cuenta el descrédito para la imagen pública de la Administración.
