El Gobierno está aplicando medidas ejemplarizantes contra los que se salten las reglas durante la pandemia y un cubano que se quedó dormido sin nasobuco después de una borrachera en un parque de La Habana recibió esta semana una condena de un año de prisión.
En un video publicado por el Tribunal Supremo de Justicia de Cuba se puede ver el momento en el que el hombre se presenta en el tribunal pidiendo benevolencia a la jueza.
«Estaba en la casa de mi madre e iba caminando para mi trabajo desde Marianao. Cuando iba por Jalisco Park (en el barrio El Vedado), yo empecé a sentirme mal. Las personas que estaban allí… me recuestan en un banco y me dan un vaso de agua», contó, mientras su rostro se ve borroso para evitar su identificación.
La fiscal de la parte denunciante testificó que el hombre había recibido una multa de 1000 pesos cubanos el 10 de abril por no usar una mascarilla y beber alcohol en público.
El video del juicio no tiene fecha, pero un comentario hecho por la jueza que presidió el tribunal sugiere que tuvo lugar el 13 de abril, una semana antes de que el presidente Miguel Díaz-Canel hablara de medidas más duras contra quienes violaran las órdenes del gobierno.
La jueza agregó que el hombre tenía antecedentes penales por “actividades ilícitas”, un cargo general que puede significar muchas cosas diferentes en la isla, y que el tribunal consideró su comportamiento como “desafiante”.
“Sé que es peligroso. No quiero morir. No quiero infectar a nadie. Tengo hijos (…) Yo se las consecuencias que puede causar una negligencia», dijo el hombre haciendo uso del derecho a la ultima palabra antes de ser condenado.
De poco sirvió el pedido pues fue condenado a un año de prisión con internamiento.
El Gobierno ha advertido que aunque no existe una ley escrita donde se diga que es obligatorio el uso de las mascarillas o las reuniones de personas pasada la medianoche, esto no significa que no se persigan y sean penadas por las autoridades.
El artículo 187 de la Ley Penal cubana también proporciona carta blanca con respecto a la aplicación de las medidas de salud pública, ya que castiga a quienes “violen las medidas o disposiciones emitidas por las autoridades sanitarias apropiadas para la prevención y el control de enfermedades contagiosas”, con multas o penas de prisión de hasta un año.
