63 cubanos han sido condenados en las ultimas dos semanas y enfrentan penas de hasta un año de prisión por delitos asociados con violaciones de las leyes dictadas por el Gobierno para enfrentar la pandemia del coronavirus.
Los tribunales en Cuba han procesado desde el pasado 27 de marzo a 113 personas en todo el país, relacionados con delitos que constituyen violaciones de las disposiciones para enfrentar la pandemia del coronavirus, según informó el presidente del Tribunal Supremo Popular, Rubén Remigio Ferro, en Twitter.
Desde el 27 de marzo hasta la fecha se sancionaron por los tribunales 113 personas por delitos asociados con violaciones de las medidas para enfrentar la Covid-19. De ellas, 63 a penas de encierro, 26 a sanciones de libertad bajo vigilancia y 24 a multas de cuantías elevadas. pic.twitter.com/5jt8vRSl5w
— Rubén Remigio Ferro (@RubenRemigioCU) April 15, 2020
De ese total, 63 cubanos recibieron sanciones privativas de la libertad, con penas de entre seis meses y un año de prisión. Del resto, 26 fueron condenados a libertad bajo vigilancia y 24 con multas «de cuantías elevadas», señaló Remigio Ferro, sin especificar la duración de estas condenas ni la cuantía de las multas.
«La irresponsabilidad, la desidia, el irrespeto y el desprecio por la vida y la salud propia y la de los demás, son juzgadas con el debido rigor en tiempos de pandemia», dijo en otro breve mensaje en esa misma red social.
La irresponsabilidad, la desidia, el irrespeto y el desprecio por la vida y la salud propia y la de los demás, son juzgadas con el debido rigor en tiempos de pandemia…
— Rubén Remigio Ferro (@RubenRemigioCU) April 16, 2020
Entre las personas juzgadas están desde aquellos que en áreas públicas no utilizan nasobucos hasta aquellos que «violan las normas sanitarias, desobedecen a los oficiales de la Policía o incumplen las normativas gubernamentales en tiempos de pandemia», precisa una nota publicada la Agencia Cubana de Noticias.
Los delitos que más se repiten en el país son los de desobediencia, propagación de epidemias, desacato, resistencia y actividad económica ilícita.
Un apartado especial tienen los que están siendo juzgados por acaparamiento y aumento de precios de productos, contra los cuales el Gobierno ha emprendido una fuerte campaña desde los medios estatales, pidiendo a la población que los denuncie cuando detecte cualquier tipo de irregularidades.
