El Gobierno cubano decretó cuarentena y aislamiento obligatorio a los barrios de La Lotería y Alberro, en el municipio Cotorro, de La Habana, ordenando fuertes medidas restrictivas de movimientos en la población, el cese de los vendedores ambulantes y el cierre de todos los negocios manejados por cuentapropistas en estas zonas.
Según explicaron las autoridades de Salud en este territorio habanero, existen 32 personas de ingreso domiciliario y 21 viviendas en cuarentena total, cuyos habitantes no pueden salir a la calle bajo ningún motivo. En estos hogares se han ubicado postas policías en sus alrededores, luego que se detectara que una persona que tiene la esposa bajo sospecha saliera a la calle en busca de una botella de ron en una cafetería cercana.
El Gobierno ordenó la activación del Consejo de Defensa Municipal, desde donde se controlará el aislamiento de la población en estos territorios y se coordinará el establecimiento de puntos de venta de alimentos controlados para que la población no se tenga que mover fuera de la área enmarcada en cuarentena.
En el caso de los vehículos estatales que van a transportar personal hacia sus centros de trabajo, estos deben de tener una identificación que indique pertenece al grupo de trabajo de enfrentamiento a la COVID-19.
Además, se aplicarán estrictas medidas de control del transporte, tanto del estatal como del particular, ubicando postas militares en varios puntos del municipio que tendrán la potestad de detener todos los autos estatales e indagar hacia dónde se dirigen para evitar el traslado entre municipios. Igualmente, por los barrios de La Lotería y Alberro no pueden circular en lo adelante carros particulares.
En estas dos zonas, al cierre del día de ayer, se han procesado por las autoridades a 23 cubanos que no estaban cumpliendo con las medidas de aislamiento social, según informaron las autoridades.
De acuerdo a la Fiscalía Provincia de La Habana, durante esta semana en el municipio del Cotorro se habían conducido 107 ciudadanos a la unidad de la policía, de ellos 66 fueron multados y 41 acusados en 31 denuncias radicadas en delitos como propagación de epidemias, desorden público, desacato, acaparamiento y especulación.
