El Gobierno cubano confirmó en la noche de ayer la muerte de un joven cubano de 26 años de edad, identificado como Rolando Mulen Rodríguez, y vecino de la calle Zulueta no. 509 entre Dragones y Monte, en La Habana Vieja. Este se encontraba, junto a otro grupo de personas, realizando acciones constructivas en un edificio multifamiliar en este mismo municipio, ubicado en la Calle Inquisidor 515, entre Luz y Acosta, Consejo Popular Belén.
Cuando Mulen Rodríguez estaba descorchando una columna para repararla, esta se colapsó, provocando la caída de una pared y parte del techo de la vivienda. El Puesto de Mando Municipal de Reducción de Desastres del Gobierno de La Habana Vieja recibió una llamada a las 13:30 de alerta en la que le informaban sobre un derrumbe en un edificio multifamiliar ubicado en la dirección antes mencionada.
El joven fue trasladado al policlínico ‘Ángel Arturo Aballí», donde llegó en estado de shock por un poli trauma, y minutos después le dio un paro cardio respiratorio. «A pesar de realizarse las atenciones médicas correspondientes, no pudo salir del mismo», indica la nota oficial firmada por el Gobierno de La Habana.
Otro joven, de 19 años de edad e identificado como Franklin Echevarría, quien también formaba parte de la brigada de la construcción que trabajaba en la vivienda donde ocurrió el derrumbe, recibió lesiones y fue atendido en el policlínico «Antonio Guiteras Holmes». En este centro médico le ofrecieron los primeros auxilios y luego fue trasladado a Hospital Universitario «Calixto García», donde ya se encuentra fuera de peligro.
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Sin embargo, ahora el Gobierno cubano se ha querido quitar toda la culpa de arriba y decidió poner el parche antes que salga la gotera, asegurando que el derrumbe fue culpa de la propia brigada de la construcción que realizaba las reparaciones en la vivienda. Según el comunicado oficial, el edificio multifamiliar que estaban reparando presentaba una «mal estado estructural» y los dueños de la vivienda contrataron a esta brigada para realizar acciones constructivas sin consultar ni haber recibido permiso alguno de las «direcciones administrativas legalmente facultadas al efecto».
Es decir, que el Gobierno cree que se vino abajo la pared y el techo de la vivienda de un edificio multifamiliar, que ellos mismo reconocen que está en mal estado estructural, pero en el que se mantenían vivienda varias familias, porque los habitantes del inmueble no quisieron hacer los tramites burocráticos para que los autorizaran a reparar su casa.
